El Tribunal Constitucional y la prestidigitación argumentativa


Para Vanguardia Universitaria, es un placer presentar a Heber Joel Campos, abogado, ex-alumno de la  PUCP (2007), el cual nos presenta un breve análisis sobre el fallo del Tribunal Constitucional.

Hay que mencionar que Heber, obtuvo calificación sobresaliente en la tesis, Críticas y aproximaciones al control constitucional de las leyes en el Perú, que preparó  para optar a su título de abogado; es también profesor del curso Historia, Sociedad y Derecho en la facultad de Derecho de la UPC. Se desempeñó, hasta el 2009, como asesor de la secretaría del Jurado Nacional de Elecciones; ha publicado una serie de artículos y ensayos sobre derecho constitucional y filosofía del derecho; y actualmente realiza una investigación en Londres en materia de derechos Sociales. Los dejamos con su texto:

El fallo que acaba de emitir el Tribunal Constitucional respecto a la demanda de amparo interpuesta por la PUCP contra el Arzobispado de Lima es una muestra de cómo no se debe argumentar en derecho. Fuera de si el Arzobispado o la PUCP  tienen la razón –el tema es demasiado complejo para ser tratado en una columna- me interesa llamar la atención sobre dos puntos que resaltan, por encima de todos, en la sentencia. El primero se refiere a la competencia del Tribunal Constitucional para dirimir una causa que está siendo tratada, actualmente, por el Poder Judicial. El segundo punto, a su vez, se refiere a la forma penosa, lamentable, que tienen algunos jueces de interpretar la ley –en este caso la voluntad del excelente don José de la Riva Agüero- según el tenor literal del texto, como si fuera posible determinar–acaso milagrosamente- que pensaba el constituyente, que pensaba el legislador o, como aquí, que pensaba el causante.

Empecemos por el primer punto, en un proceso de amparo –debido a la urgencia en la tutela de un derecho fundamental- no existe estación probatoria. Cuando una causa es demasiado compleja, ya sea porque hay que llamar a testigos o ya sea porque hay que realizar informes, ésta debe ser declarada improcedente, para que sea el juez especialista en el tema, quien emita, con mayores elementos de juicio, el veredicto final. Si además de ello, como ha ocurrido en este caso, es el propio juez constitucional el que reconduce el petitorio de la demanda, su responsabilidad es doble: i) por fallar erróneamente y ii) por avocarse a una causa que no es de su competencia.

Respecto al segundo punto, es desalentador percibir como en nuestro medio tantos abogados y jueces insisten en la llamada interpretación literal (u originalista) sin advertir que ésta  es ficticia, porque no hay forma humanamente posible de saber a ciencia cierta que pensaba el legislador, además de arbitraria porque a falta de dicha  “verdad revelada”, es el propio interprete, a través de sus artes de prestidigitador, quien nos la impone. El Tribunal Constitucional ha cometido, comete, y según se desprende de su jurisprudencia reciente y de su configuración actual, seguirá cometiendo este mismo error, por lo que es necesario advertir a la comunidad sobre sus nocivos efectos. La interpretación literal es perjudicial porque hace aparecer como cierto algo que sólo puede serlo en la imaginación de los jueces. Las leyes, lo mismo que los contratos, o cualquier acuerdo institucional no pertenecen a sus orífices, sino a la comunidad a la que buscan normar. John Rawls, el mítico autor de la Teoría de la Justicia, por ejemplo decía que los jueces debían procurar emitir fallos que reflejaran la razón pública, esto es, la interpretación más acorde de las leyes, contratos y demás acuerdos institucionales con los principios de la comunidad. Esa lectura, valida o no, es siempre un ejercicio argumentativo que en este caso el Tribunal ha evitado, generando de esta forma una sentencia que vulnera  los derechos constitucionales de la Universidad.

¿Qué le resta hacer a la Universidad? No mucho, salvo esperar que se emita la sentencia en sede civil respecto a los alcances de la herencia de José de la Riva Agüero, y solicitar, si así lo considerara pertinente, una aclaración al Tribunal Constitucional respecto a los alcances de su sentencia. Las autoridades universitarias han deslizado en los últimos días la posibilidad de acudir a la jurisdicción internacional. No niego que sea, formalmente hablando, una opción válida, pero tiene un inconveniente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo trata, por lo menos así se desprende de su jurisprudencia que se remonta a más de 20 años, casos que denotan una problemática estructural, es decir, casos con un fuerte componente de violación a los derechos humanos por parte de los Estados. El presente caso si bien significa una violación del derecho al debido proceso no tiene  ni los alcances ni las características de un caso estructural por lo que sería denegado in limine por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

7 Respuestas a “El Tribunal Constitucional y la prestidigitación argumentativa

  1. Edward Dyer

    Estimado Joel, coincido contigo en lo complicado que puede resultar utilizar el criterio interpretativo conocido como “interpretación literal”. Sin embargo creo que en tu texto confundes la interpretación literal, con la interpretación auténtico u orginialista. Ambas son medio inútiles y peligrosas, pero no son lo mismo.

    Un abrazo, bueno el post sin duda.

  2. Edward Dyer

    Estimado Joel, coincido contigo en lo complicado que puede resultar utilizar el criterio interpretativo conocido como “interpretación literal”. Sin embargo creo que en tu texto confundes la interpretación literal, con la interpretación auténtica u orginialista. Ambas son medio inútiles y peligrosas, pero no son lo mismo.

    Un abrazo, bueno el post sin duda.

  3. Querido Dayer

    no las confundo. En realidad depende del cristal con que lo mires. En el derecho anglosajón son lo mismo desde que allá no tienen el problema q nosotros tenemos con el significado exacto de las palabras, desapegadas estas de los textos. Ellos buscan determinar el significado exacto de lo que el legislador dijo o sostuvo, recurriendo a los documentos y contexto histórico. Nosotros hacemos lo mismo pero con los textos en abstracto, en el fondo es casi lo mismo y la distinción es, salvo un tema de grado y de contexto, es irrelevante.

  4. Edward Dyer

    Querido Joel,

    Tal vez hayas querido hacer énfasis en la interpretación auténtica u originalista y escribir “literal” resultó un accidente, pero no pretendo fastidiar al insistir que son cosas distintas.

    No hay ninguna razón para equipararlas. Decir que son lo mismo porque allá no tienen el problema que tenemos acá con el significado exacto de las palabras, perdóname, pero no explica nada, no tiene lógica. Tú mismo dices que buscan determinar el significado exacto de legislador o el juez, pero eso no es lo que busca la interpretación literal. No pueden ser lo mismo porque busquen un significado exacto o cercano al exacto, en todo caso, todos aspiramos a un significado exacto al comunicarnos, lo que no equivale a decir que creemos que ese significado es apriorístico o universal. Pero me estoy desviando.

    La interpretación literal, desde que Savigny lo pusiera en la palestra académica europera, hace referencia a un significado independiente del contexto, de la voluntad del autor de la ley o de cualquier otro criterio. Es algo así como buscar el significado neutral y verdadero de las palabras. Una utopía o un sinsentido para ser más exactos, que sé que tú también lo crees.

    Sólo para aclarar algo que se dijo, debo insistir en otro punto: en el derecho anglosajón sí existe la interpretación literal, la llaman el “plain meaning”, y la legislative intention es algo distinto.

    Recomiendo para una mayor aproximación al tema, revisar Black- Clauson International Ltd. v. Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg A.G. (1975). Brian Bix explica en uno de sus libros cómo al no estarles permitido a los jueces y abogados ingleses acceder a los archivos del debate parlamentario, se volcaron a explicar al significado verdadero antes que la voluntad del legislador, que es cosa muy distinta. Más claro, ni el agua.

    Si los conceptos se defienden no es para fastidiar sino para no confundir la discusión, un mero tema de orden. La distinción entre ambos conceptos no es arbitraria, tiene un sentido y es ampliamente recogido tanto en derecho anglosajón como en el eurocontinental.

  5. heber joel campos

    Me parece bien Edward que tengas tanto celo en la distinción de los conceptos. En efecto, siendo puristas hay una distinción que has apuntado bien. En mi texto no tenía intención de entrar en esas honduras por una razón obvia: mi texto tenía otra finalidad, por caso, criticar la sentencia del TC.

    Ahora bien, y dado que estamos celosos con el tema, la literalidad como tal no fue esbozada por Savigny por primera vez(ni siquiera en Europa). De hecho, esta se remonta a los inicios del derecho romano. Si revisas las institutas de Justiniano te llevarías más de una sopresa. La interpretación originalista tiene más que ver con el derecho anglosajon por la misma razón que allá no tienen, como nosotros, una inflación legislativa tan abundante. De hecho, aquí en Inglaterra hablar de literalidad equivale a hablar de originalidad en el sentido incluso que tú lo entiendes. De hecho, ahora mismo estoy leyendo el libro de J.A.G Griffith “The politics of the judiciary” donde ese detalle queda bien apuntado. No niego que ambas tengan matices, pero para efectos prácticos ambas poseen el mismo elemento en común: buscan advertir un significado ajeno a la voluntad de sus interpretes.

    saludos

  6. Edward Dyer

    Querido Joel,

    Esto está alcanzado niveles realmente innecesarios de distinciones que no son sustentables. Si Griffith señala en su libro que ambos conceptos son equivalentes, creo que discreparía bastante con él. Nuevamente, los conceptos nos los defiendo porque los dijo Savigny o porque los recogiera Justiniano, sino porque hacen referencia -en este caso- a modos de interpretar que teniendo elementos comunes del tipo “A”, difieren en otros elementos del tipo “X”, “Y” o “Z”; ese hecho hace que sea necesario llamar a las cosas por su nombre, como dije, por un mero tema de orden académico.

    Yo acepto con mucho gusto cualquier tipo de corrección y te agradezco hacer la referencia al libro de Griffith, creo que si de algo debe tratar una charla académica es de enriquecer el área de estudio, los errores que en ese proceso cometan las personas es un mero anécdota, lo que quedan son los aciertos y veo que en tu texto esto último se hace muy evidente. La crítica de fondo que haces es bastante sana para el medio.

    Sobre Savigny nunca mencioné que fuera el primero en hablar sobre el criterio de interpretación literal, ni en el mundo ni en Europa. Dije más bien, que fue este quien puso en la palestra académica eurocontinental el tema de la interpretación jurídica, y por ello me refería a que luego de él, el estudio de esta área alcanza un atractivo especial en Europa. Evidentemente rastros de la interpretación literal se encuentran incluso antes de Justiniano, al respecto hay un muy buen libro de Paolo Prodi: Una historia de la justicia, el cual abarca periodos anteriores al derecho romano y muy interesantes.

    Un afectuoso abrazo,

    Edward.

  7. heber joel campos

    Si tienes mucha razón Edward. Comparto lo que dices, un abrazo y espero a mi vuelta me prestes el libro de Prodi, que me interesara leerlo.

    un abrazo

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