La fiesta democrática a la que nadie quiere ir

Con la compra de 7 kits electorales para comenzar el proceso de revocatoria de la antes querida alcaldesa de Lima Susana Villarán, comienza una carrera por firmas en la que ya Alditus, que va por su tercer strike a la hora de escoger bando, y Castañeda, inmortalizado meme peruano, venían alistándose desde sus trincheras desde hace tiempo. Sin embargo, la revocatoria tiene más de un matiz que algunos fans y escuderos de la “LadyVaga” se niegan a ver.

Desde 1997 es que nuestro sistema electoral cuenta con medios de democracia directa como la revocatoria o el referéndum para así tejer las complicadas redes del accountability político e incentivar a que los mismos electores tengan el poder de bajarles el dedo a sus autoridades, sea por corruptas o ineficientes. No obstante, la alta cantidad de firmas (25% de los votantes) que se necesita para que dichos procesos sean abiertos impone una valla muy alta que en raras ocasiones se llega a superar en nuestro país (solo un 8% de pedidos de revocatorias terminan llevándose a cabo según Correo Semanal). Esta cifra se requiere para demostrar que un buen número de representados está de acuerdo con la revocatoria, lo cual es imposible de saber desde un simple sondeo online.

Pese a todas las dificultades que trae una revocatoria, esta es uno de los mecanismos más democráticos que existen en nuestro sistema electoral. Es el paraíso de la izquierda: poder popular con la capacidad de mostrar su descontento de manera directa. El hecho que se plantee la revocatoria como una solución viable denota ya una faceta (o careta?) democrática que en otros tiempos pudo haber sido una toma violenta de la municipalidad o una huelga generalizada. Así como las elecciones, un proceso de revocatoria o referéndum es una fiesta democrática, quiéranlo o no.

Sin embargo, nuestra política (derechas e izquierdas cuando les toca ser oposición) cada vez más “achorada” utiliza dichos mecanismos con una denotación revanchista y de venganza para establecer una campaña de desprestigio hacia la Alcaldía, dedicando cantidades de poder fáctico hasta esta cruzada, ahora bajo el nombre de revocatoria. Si bien están claras las intenciones de los promotores mediáticos de la revocatoria, el proceso es legítimo y, en caso llegue a prosperar, no solo se deberá a una campaña negativa, como quiere verlo la misma alcaldesa, sino en que hay un real descontento con la gestión actual de nuestra capital. Este sentimiento no puede ser inventado a lo Inception en las mentes de los limeños. Alguien realmente cree que Mariátegui sea el más popular en los barrios de San Juan de Miraflores?

Y que los defensores de Villarán no se pierdan en el argumento de “cuánto daño puede hacer esto a la municipalidad” o “solo serían 10 meses que tendría el próximo alcalde”, ya que, promovida por quien sea promovida, la revocatoria es un aspecto sano de la democracia que, en vez de ser atacado, debe ser visto como una autocrítica y un “qué estamos haciendo mal”, tal como el ideal de centro-izquierda de Fuerza Social y sus seguidores solían destacar.

De todas maneras, cada uno está en su ley en si decide firmar a cambio de galletas o no firmar la revocatoria en base a la poca esperanza que pueda quedar luego de una cachetada de realidad; pero la democracia es así, lo que desee la mayoría es lo que se cumplirá: La pregunta que queda es si Villarán sigue cayendo en el juego político del que tanto decía ser enemiga al combatir fuego con fuego con el caso Comunicore –o, incluso, fuego con mudez o soberbia-, lo necesario es mejorar los canales de publicidad de sus obras (sean de cemento o no) en la capital (que no dudo que las haya) para así combatir de manera efectiva el descontento ciudadano que no solo se contenta con frases hechas o con ideales etéreos, pero tampoco con algunos by-pass.

De dejar la altanería caviar y establecer mejoras en su gestión como está haciendo con el cambio de algunos gerentes municipales, habrá dado la estocada final a Alditus, Castañeda y cualquier resentido político que dé prueba al argumento central de Dargent en “Demócratas Precarios”.

De la Hoja de Ruta a la realidad: Cien días de gobierno de Ollanta Humala

Por: Chinn De La Cruz Loo

Bajo tres pilares nuestro hoy electo presidente, Ollanta Humala, ha dirigido sus  primeros 100 días  gobierno en compañía de su gabinete ministerial. Inclusión social, estabilidad y crecimiento económico, y el mantenimiento de la paz social y el orden interno junto a la seguridad ciudadana han sido las principales características de estos meses –y banderas de su campaña electoral-. Sin embargo, el contexto político actual ha demostrado que, así como existen aspectos positivos y resaltantes de la labor del líder de Gana Perú, también existen los aspectos negativos y repudiables de su gobierno. Los interminables casos de corrupción dentro de la bancada oficialista han terminado por opacar y ejercer presión dentro de estos primeros 100 días de trabajo por el Perú. A continuación, un breve recorrido por este trayecto al cual le espera más de 1700 días más de labor gubernamental.

“Igualdad de oportunidades para la población”, “acceso equitativo” a los servicios básicos del Estado (salud y educación de calidad), e inclusión y estabilidad económica como camino hacia la justicia social son algunos de los conceptos o propuestas que tiene el presente gobierno como meta para lograr la Inclusión Social en nuestro país. Es así como, apenas asumió el cargo de primer mandatario de la República del Perú, Humala Tasso anunció el aumento del salario mínimo vital. Asimismo, quince días después de asumir el cargo, el presidente viajó con una comitiva hacia el sur del país para analizar la situación en la que se encontraban las ciudades de Pisco y Chincha, las cuales fueron víctimas del terremoto del 2007 y que –hasta la actualidad- aún no han sido reconstruidas. A ello, se sumó la iniciativa del Congreso de la República, el cual inició sus actividades con una sesión descentralizada del pleno en el sur del país.

Por otro lado, en lo que compete al ámbito legislativo, el día 6 de setiembre, en la provincia de Bagua, Ollanta Humala promulgó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios,  aprobada por unanimidad el 23 de agosto por el Congreso de la República. Esta ley, si bien fue trabajada por el gobierno antecesor, no pudo llegar a buen puerto debido a las intervenciones en contra que presentaban los congresistas de ese entonces. Dentro de esta sección, también se puede resaltar la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuya función será organizar todos los programas sociales y reunirlos en una sola cartera ministerial. Este permitirá descongestionar la labor del Ministerio de la Mujer y mejorar la eficiencia de los programas sociales evitando una política del asistencialismo por parte del Estado.

Aparte de ello, con un presupuesto de S/. 1.429 millones de soles para el 2012, el gobierno pondrá en pie su promesa de campaña de fortalecer e implementar los programas sociales como Pensión 65, Beca 18, Cuna más y el Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). Este paquete también incluye el desarrollo y expansión del exitoso programa Juntos, implementado durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo Manrique. De lo que se sabe, ya se puso en marcha Pensión 65 -a nivel nacional- y el SAMU –a nivel de Lima Metropolitana con proyección a expandirse a nivel nacional-. El uno de diciembre se estará convocando para Beca 18, mientras que Cuna más se implementará una vez esté instalado y estructurado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Ante ello, Carlos Aramburú, profesor principal de la PUCP, sostiene² que el principal reto que posee Ollanta Humala es manejar la “articulación económica con la articulación de la política social”. Dice que lo que no quiere repetir este gobierno es la ya conocida política del “chorreo”: no quieren que suceda que mientras “algunos se bañan, a otros les salpica”. Del mismo modo, piensa que existe un vacío en el tema de la inclusión social. El panorama se está entregando en un marco de otorgar derechos, pero no deberes; muchos de los programas sociales están basados en el asistencialismo, en la gratitud, pero con un enfoque de innovación, no repetitivo.

Finalmente, dentro del aspecto sobre la Inclusión Social, el gobierno de Ollanta Humala ha implementado el Consejo Económico y Social, promesa de la segunda vuelta electoral y, mediante la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha fortalecido los derechos del trabajador, tanto en el ámbito personal (físico – mental), como en el ámbito gremial.

En lo que respecta al ámbito económico, el actual gobierno ha dado dos pasos importantes. El primero, en relación al “Impuesto a las sobreganancias mineras”, el cual está enfocado no solamente a obtener mayor ingreso económico (canon minero) por parte de las empresas dedicadas a este rubro; sino, también a respetar y proteger el medio ambiente, los pueblos indígenas u originarios y fortalecer las inversiones e inyecciones económicas por parte del capital extranjero. Con ello, se busca “mantener un equilibrio entre el aporte a los ingresos fiscales provenientes de la minería y la competitividad del sector, a fin de continuar atrayendo inversión”.

A pesar de que cuando estuvo en campaña, fue criticado por su concepción política – económica, el primer mandatario ha sabido representar –medianamente- la estabilidad económica nacional. En efecto, este panorama estuvo representado y respaldado desde la elección de su Consejo de Ministros y de las autoridades responsables de las principales instituciones públicas del país.

Sin embargo, ante ello, Alan Fairlie², economista e investigador del Departamento de Economía de la PUCP, sostiene que Ollanta Humala posee un compromiso con los peruanos, que el enfoque económico nacional que se está dando corresponde a un “continuismo ortodoxo”, en donde “no se negocian ni se tocan los TLC”. Este tipo de ideas a las que hace referencia, son reflejadas en uno de los objetivos del presente gobierno, el cual indica “respetar los contratos de estabilidad vigentes, salvo mutuo acuerdo voluntario”.

A parte de ello, Julio Cotler², reconocido sociólogo, antropólogo y politólogo peruano, sostiene que el actual gobierno posee dos graves problemas que afrontar: el primero, sobre la definición y especificación de la Ley de Consulta Previa versus los conflictos mineros. Y, el segundo, sobre la crisis económica mundial que se percibe en el presente.

Pese a ello, el gobierno del dignatario peruano, como segundo paso importante en materia económica, ha aumentado y descentralizado el financiamiento económico a los gobiernos regionales y municipios, ha aprobado un respaldo económico para afrontar la crisis económica actual y está trabajando en la Ley Mype, con la cual se busca aumentar la competitividad y promocionar la formalización laboral de miles de peruanos.

Por último, en lo que respecta a la reforma del Estado y las políticas de seguridad ciudadana, existen dos banderas que identifican estos aspectos. La primera consiste en hacer un Estado al servicio del ciudadano peruano. Esta comprende en convertir el aparato público burocrático en un aparato eficiente, comprometido al servicio nacional, transparente, meritocrático y ordenado.

Además, como segunda bandera se perfiló la lucha anticorrupción. Situación que le ha jugado una mala pasada a nuestro primer mandatario puesto que, dentro de su bancada, se han encontrado congresistas que han faltado a los valores y principios de un buen padre de la patria. Asimismo, uno de los últimos casos más bochornosos y comentados ha sido el supuesto tráfico de influencias por parte del Segundo vicepresidente de la República.

En consecuencia, estos primeros 100 días de gobierno han marcado un hito en la historia nacional, dado el mayor énfasis social que el actual presidente está otorgando a la nación peruana. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer junto al personaje que nos representa como nación, pero que -más aún- nos prometió un Perú más justo, un Perú mejor. Por eso, al ciudadano peruano le queda, simplemente, esperar.